Petro presidente

Colombia Humana

Detalles del Programa de Gobierno para una Era de Paz

3. HACIA UNA ECONOMÍA PRODUCTIVA

La apuesta de los últimos años por un modelo extractivista aumentó la fragilidad de la economía colombiana, agravada por la caída de los precios internacionales del petróleo y el cambio en el uso de energías. A esto se suma las inequidades entre actividades productivas del campo, el creciente proceso de potrerización, monocultivos y deforestación, además de la concentración de la tierra que ha estado siempre en el centro del conflicto interno.

El trabajo como generador de riqueza y libertad

Conducir el país hacia una era de paz implica un tipo de economía que permita que la población colombiana goce de un buen vivir a partir de los ingresos de su trabajo. La única riqueza válida es aquella que nace del trabajo; el dinero fácil ha hecho que nuestro país sea consumido por la corrupción y la violencia. Por eso nuestro gobierno, en el marco de la transformación del modelo económico, la redistribución de la tierra y la vinculación de las ciudadanías al saber, las redes y la tecnología, adoptará medidas para generar y mantener trabajo decente con condiciones dignas de remuneración, estabilidad, seguridad social y calidad de vida tanto a nivel urbano como rural.

Buscaremos una formalización diversificada del trabajo y la cualificación laboral y empresarial, pero con apego a la garantía de derechos de tal forma que la población dependa cada vez menos de los subsidios y pueda escapar a la trampa de la pobreza. Estimularemos los emprendimientos individuales y colectivos, con miras al fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa, democratizando las condiciones que permiten trabajar: el saber, la salud, las tierras, el agua, las energías no contaminantes y, por supuesto, el crédito. Crearemos un banco público de economía popular, que dé crédito a esos hombres y mujeres que han sido rechazados por los bancos y víctimas de los préstamos “gota a gota”.

Impulso a actividades productivas

El gobierno de la Colombia Humana asumirá la transición y la recomposición de la economía mediante el fortalecimiento de la agricultura, la reindustrialización en sectores estratégicos, el incremento de la inversión ambiental y en ciencia y tecnología, para estimular cambios tecnológicos y la gestión de la biodiversidad, todos ellos como factores de dinamización económica.

Reindustrializaremos sectores estratégicos como el metalmecánico, textil, informático, de cambio tecnológico en transporte, de producción de materiales para la construcción y de gestión integral de residuos sólidos y líquidos, entre otros; fomentaremos el desarrollo científico y tecnológico, así como la consolidación y la estabilización de pequeñas y medianas empresas. Diversificaremos nuestras exportaciones para que no dependan de un solo producto, habrá mayor educación y formación científica para producir y exportar bienes y servicios inteligentes, rentables y útiles a la sociedad.

Pondremos al alcance de la gente y de las pequeñas y medianas empresas Tecnologías de la Información y de la Comunicación para favorecer el acceso al conocimiento, promover el desarrollo económico y mejorar su oferta de empleo.

Renegociaremos los Tratados de Libre Comercio, sobre todo, las cláusulas de protección de la inversión que implican renuncia a nuestra soberanía, teniendo como aliados a los empresarios, particularmente los pequeños y medianos. Defenderemos el desarrollo industrial del país con medidas que equilibren la balanza comercial, protejan el mercado interno y nos garanticen participación efectiva en mercados internacionales. Incentivaremos la producción y el consumo nacionales para proteger nuestra base productiva agropecuaria e industrial.

Impulsaremos el desarrollo turístico del país, con énfasis en turismo sostenible, histórico, cultural y de negocios. Los beneficios económicos del turismo llegarán directamente a las comunidades locales.

Cambio climático, superación del extractivismo y transición energética

Enfrentar los desafíos del cambio climático constituye uno de los grandes retos de nuestro país y del mundo en los próximos años, que implica trasformaciones profundas en el modelo económico y no solo mejores políticas ambientales: uno de los principales cambios consiste en la disminución del uso de energías fósiles.

Para esto se requiere el fortalecimiento del papel del sector público mediante ajustes en el marco normativo, mejora de la investigación científica y promoción de conversión tecnológica en las actividades productivas con mayor potencial para una economía donde lo ambiental sea priorizado. Entre ellas tenemos inversión en conservación de bosques, reducción de la deforestación, tecnologías de producción agrícola y pecuaria con menores emisiones de gases efecto invernadero, transición a sistemas de transporte no basados en energías fósiles o energías no renovables; manejo de residuos; control a la expansión urbana física, estímulos dirigidos a mejorar la calidad de vida y el empleo en ciudades de talla media, como medida para evitar el crecimiento de grandes centros urbanos.

Partimos de la diferenciación entre la extracción de minerales y la del petróleo. La primera exige un replanteamiento inmediato de las reglas de juego, mientras que la segunda implica entrar en una fase de transición hacia la reconversión.

En nuestro gobierno el fracking no será permitido, la gran minera de oro a cielo abierto tampoco. Se restringirá y condicionará la minería a cielo abierto en función de la protección ambiental y la equidad social. Los contratos de extracción de carbón no serán renovados, ni se permitirán intervenciones que afecten el acceso al agua y la seguridad alimentaria de las comunidades que residen en la zona. El carbón que se extrae es destinado a la exportación y los ingresos fiscales que ella genera no tienen ninguna proporcionalidad respecto a sus efectos sociales y ambientales. De manera inmediata se adelantará un programa compensatorio de desarrollo humano para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones de la zona y, en particular, de los pueblos indígenas.

La pequeña minería dirigida al consumo interno será objeto de un programa concertado orientado a disminuir sus impactos sociales y ecológicos, con base en acuerdos con los actores regionales. Acentuaremos los controles ambientales, laborales y fiscales sobre la minería en curso.

Respetaremos las decisiones democráticas de las consultas populares y se asignarán recursos para programas de desarrollo productivo en las zonas donde se decide no continuar con la extracción minera. Exigiremos a las empresas mineras la rehabilitación de las áreas intervenidas y en riesgo inminente, la descontaminación de los ríos, así como el restablecimiento de los derechos de las poblaciones afectadas. Nacionalizaremos las reservas mineras y aumentaremos la renta minera mejorando vigilancia, contabilidad y fiscalización.

Le quitaremos a las mafias el control que ejercen sobre la minería tradicional y a pequeña escala, se buscará fortalecer su organización comunitaria y se apoyará con financiación y acompañamiento a la reconversión a otras actividades productivas.

Ecopetrol, sin perjuicio de la gestión de la extracción petrolera en la transición, se convertirá en una empresa dedicada a la investigación, la promoción y la implementación de energías renovables.

Ajustaremos la regulación y adoptaremos políticas de promoción para que las empresas del sector eléctrico desarrollen tecnologías de producción de energía hídrica descentralizadas y de pequeña escala, que no utilicen represas o embalses, sino que aprovechen la fuerza del caudal del río.

Cambiaremos progresivamente las energías que utilizamos en la industria, el comercio y en nuestras casas; empezaremos a usar energías que no contaminen, que sean más baratas y que incluso puedan producir ingresos para las personas. Esta transición será pública y privada y nos llevará del petróleo, el gas y el carbón a las energías solar, eólica, geotérmica y de las mareas, entre otras.

Democratizaremos la producción y la distribución de la energía; se desarrollará un programa de paneles solares, con el cual las comunidades mejorarán sus condiciones de vida y podrán eventualmente beneficiarse económicamente.

Transformar el latifundio improductivo e impulsar la economía campesina

En la Colombia Humana no se expropiarán empresas, ni negocios, ni viviendas ni tierra productiva, pero será objetivo prioritario que progresivamente ingresen a la producción de alimentos y a la agricultura campesina alrededor de tres millones de hectáreas que hoy están destinadas a ganadería extensiva o no tienen uso alguno.

Hay que detener el aumento de la frontera agrícola, impulsando el desarrollo productivo de las zonas planas y de sabana con vocación agrícola, para frenar la deforestación, uno de los principales problemas ambientales que enfrenta el país.

Una tarea de nuestro gobierno consistirá en reducir las desigualdades en las condiciones de vida de las poblaciones rurales, respecto a las urbanas. Aplicaremos los instrumentos previstos en la Constitución y la Ley para poner en práctica la función social de la propiedad y la democratización del acceso a la tierra. De esta forma se harán respetar los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios, los territorios colectivos de las comunidades afrocolombianas de valles interandinos y del caribe, se distribuirá tierra entre las víctimas del conflicto y los campesinos para garantizar la oferta interna de alimentos, que llegarán a las ciudades a través de canales de comercialización más equitativos y se armonizará la producción agrícola y pecuaria con la protección ambiental.

Uno de los principales instrumentos para aumentar la oferta de tierras productivas y democratizar el acceso a la tierra será el impuesto predial rural, con tarifas crecientes en función del área de los terrenos, de las condiciones de producción y de la relación entre la aptitud y el uso del suelo. Además de establecer tarifas mínimas en las normas nacionales, de acuerdo con esos criterios, se dará prioridad urgente a la actualización prioritaria del catastro en las zonas de mayor concentración de la tierra.

Los recursos provenientes de la actualización catastral y el aumento de las tarifas se destinarán a la producción de bienes públicos de apoyo a la economía campesina local y regional y al desarrollo de programas sociales municipales que mejoren las condiciones de vida de la población rural dedicada a labores agrícolas y pecuarias.

Se impulsarán los distintos instrumentos del Fondo de Tierras y se formará, donde sea necesario, se actualizará y modernizará el catastro multipropósito como primer paso para asegurar la identificación de las propiedades rurales y, consecuentemente, el reconocimiento de la posesión, es decir, la relación directa y material con la tierra. Así, se avanzará luego en el otorgamiento de títulos que protejan contra la desposesión violenta y contra la imposición de relaciones feudales aún presentes en las zonas rurales. El catastro multipropósito también será la base del ordenamiento social, ambiental y productivo de la ruralidad y la protección y el apoyo financiero y con oferta de bienes públicos de la pequeña agricultura. Con ese fin se implementarán las zonas de reserva campesinas, la adjudicación familiar y otras formas de organización territorial que propongan las organizaciones campesinas con una perspectiva regional, así como las empresas asociativas y alianzas fuertemente regulados con el sector agroindustrial.

Para que la economía campesina sea sostenible, es necesaria la construcción o el mejoramiento de vías secundarias y terciarias que permitan reducir los costos de intermediación de los productos, así como la construcción de infraestructura productiva para potenciar la productividad de las comunidades rurales y la generación de valor agregado a la producción agropecuaria. Las vías que serán priorizadas serán definidas en el Plan de Desarrollo conjuntamente con las organizaciones campesinas, estableciendo criterios de equidad regional en función de los recursos que se asignen.

Se revitalizarán los mercados campesinos en todo el país, para que allí sea posible la comercialización directa de los productos del campo a la mesa, y se facilitará el acceso al crédito a las familias campesinas y a proyectos cooperativos o de economía solidaria. Se regulará el mercado de insumos agropecuarios, fomentando el uso de prácticas y productos limpios y el manejo integrado de plagas, igualmente se protegerán las semillas como patrimonio cultural y base fundamental de la soberanía alimentaria. Para logar todo esto, fortaleceremos y estimularemos la asociatividad entre pequeños productores. Además, con las organizaciones campesinas y los pueblos indígenas y afrodescendientes, pondremos en marcha la estrategia nacional custodios de semillas.

Ordenamiento territorial en torno al agua

La Colombia Humana se compromete a la implementación efectiva de las normas constitucionales en materia ambiental, al cumplimiento de sus compromisos internacionales y a recuperar la visión original del sistema ambiental, apoyada en la participación activa de las organizaciones con base en el territorio, en la definición de las políticas y sus instrumentos y en la gestión ambiental.

El desarrollo será orientado desde lo territorial y el territorio se ordenará en torno al agua. Nuestras acciones de gobierno dejarán de lado la segmentación entre políticas minero-energéticas y recurso hídrico y forestal, impacto sobre las cuencas y oferta de agua para la agricultura y el consumo humano, para ser replanteadas desde una visión integral de gestión del agua y del cambio climático. La disponibilidad y la calidad del agua serán priorizada en las decisiones sobre la expansión minera y petrolera, también se tendrán en cuenta los impactos y el resarcimiento de los daños causados por la actividad minera y de hidrocarburos.

Las principales tareas serán la lucha contra la deforestación, la protección de los páramos y del sistema de áreas protegidas, así como la incorporación de criterios de sostenibilidad de las distintas actividades productivas.

Junto con las comunidades locales, se ejecutará la política nacional de restauración de los ecosistemas acuáticos y terrestres, en especial las áreas afectadas por la guerra y por la actividad extractiva. Se reforzará la atención a la defensa de los ecosistemas marinos y áreas insulares, recuperaremos nuestras costas y playas como espacios públicos fundamentales para la adaptación al cambio climático, detendremos la deforestación en el territorio colombiano comenzando por la Amazonia, la Orinoquia y las selvas del Pacífico.

Fortaleceremos un ordenamiento del territorio democrático, participativo y equitativo entre las regiones y entre los distintos actores de cada región y municipio, partiendo de tres factores de articulación: la dimensión ambiental y, particularmente, del agua; los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades afros y raizales; el equilibro de interacciones entre ruralidad, producción agraria y urbanización.

Se reforzarán y actualizarán los determinantes ambientales de superior jerarquía de los planes de ordenamiento territorial y la armonización de los distintos instrumentos de planeación ambiental, con sistemas de información geográfica accesibles a todos los actores y con incorporación en el catastro multipropósito, para reducir los conflictos de usos y mejorar las condiciones de gestión y control de las áreas protegidas. Las decisiones sobre minería y explotación petrolera se incluirán en los planes de ordenamiento territorial, al cabo de procesos de concertación especiales entre autoridades y organizaciones municipales, corporaciones autónomas regionales y Ministerio de Ambiente con las autoridades mineras, con base en una revisión integral de las distintas condiciones de ordenamiento del territorio, la oferta hídrica y la actividad productiva.

Se fortalecerá la institucionalidad ambiental y se incorporará como componente esencial, de manera transversal en las distintas autoridades y entidades sectoriales. Tendremos autoridades ambientales que cumplan con su misión constitucional, blindadas contra intereses políticos y corruptos, verdaderamente autónoma y con una jurisdicción basada en las cuencas hidrográficas. Las autoridades indígenas y de comunidades afrodescendientes actuarán como autoridad ambiental en sus territorios respectivos. Las licencias ambientales se otorgarán en función de la defensa del territorio, garantizando los derechos de la naturaleza. En Colombia Humana abandonaremos la idea de que “quien contamina, paga” para desarrollar el principio de “invertir e innovar para no contaminar”.

El gobierno nacional trabajará de la mano de los campesinos y sus organizaciones, pueblos indígenas y afrodescendientes para proteger los Parques Nacionales Naturales y las demás áreas protegidas del país, con respeto por los derechos de quienes habitan en estos lugares y el desarrollo concertado de prácticas sostenibles.

El agua es quien nos gobierna y no nosotros a ella: debemos cuidarla. El agua es vida, es un derecho fundamental y un bien común de la humanidad; por eso pondremos todo nuestro empeño en descontaminar y renaturalizar las cuencas hidrográficas y proteger los nacimientos de agua, promoviendo el ahorro y el uso eficiente del agua.

Haremos de nuestras ciudades y municipios, de nuestras veredas y corregimientos, territorios menos vulnerables y con mayores capacidades para reducir los riesgos y los desafíos del cambio climático. Una de nuestras prioridades será la protección de la vida de las personas que habitan en zonas de riesgo y el fortalecimiento de los sistemas nacional, regional y municipal de gestión integral del riesgo.

En nuestro país no habrá más corridas de toros, peleas de gallos ni ningún espectáculo que haga sufrir a los animales. Los animales no son objetos sino seres sintientes que tienen derechos y, por lo tanto, promoveremos su trato digno y enfrentaremos con firmeza el tráfico de fauna silvestre.

Un país que avanza hacia la justicia climática

Colombia Humana se propone avanzar hacia una justicia climática que restablezca los desequilibrios sociales y económicos, que promueva la eliminación de la segregación y que reduzca las vulnerabilidades de los territorios mediante la generación de capacidades de los entes territoriales, los sectores económicos y las comunidades. Vislumbramos una justicia climática que permita reconocer la prevención de riesgos de desastres como un derecho colectivo y que posibilite la equidad territorial para enfrentar los desafíos del cambio climático mediante la redistribución de bienes y servicios la infraestructura, el acceso al agua potable, el saneamiento ambiental, la renovación de ciudades y la revitalización de pueblos y municipios.

Se fortalecerán las capacidades de los pequeños municipios para que no desaparezcan y, por el contrario, se conviertan en la base del fortalecimiento del campo y la dignificación de la vida campesina; para que no pierdan su identidad cultural y territorial por causa de la presión urbana, impulsaremos la construcción de equipamientos colectivos y de desarrollo productivo como estrategia de repoblamiento y mejoramiento de la calidad de vida.

Se fortalecerán los institutos de investigación y se unificarán los sistemas nacional, regional y municipal de gestión de riesgo y cambio climático. Nos preocuparemos por otorgar a los municipios recursos económicos, técnicos y humanos para reducir los riesgos existentes y prevenir los riesgos futuros generados por el cambio climático.

Será un objetivo central, proteger la vida de las familias en riesgo mediante el reasentamiento con diversidad de alternativas, retorno, reactivación económica y de medios de vida, proyectos colectivos de vivienda y repoblamiento de pueblos y zonas rurales.

Se recuperarán las playas, las costas y zonas de baja mar como bienes de uso público, ambiental y mecanismo para la reducción de la vulnerabilidad ante el aumento del nivel del mar por el cambio climático.

Nuestro gobierno promoverá iniciativas productivas locales resilientes a través de un proceso de investigación y participación de las comunidades vinculadas, incorporando y amplificando la diversidad de semillas, las fuentes de energía de agua y los sistemas de refuerzo o de sustitución de cultivos.

La Colombia Humana desarrollará sistemas de movilidad humana sostenible que contribuyan a la construcción de paz y al desarrollo de alternativas productivas basadas en modelos sostenibles que reduzcan las emisiones de carbono y sean resilientes al cambio climático. Se plantean en tal sentido la recuperación y la tecnificación de corredores férreos para transporte de carga y pasajeros; la rehabilitación de navegabilidad de los ríos que no se afecten con el tráfico fluvial; la rehabilitación, la ampliación y el mantenimiento de las vías secundarias, terciarias y vecinales para el desarrollo rural integral con uso de materiales locales, mejorados y estabilizados que minimicen los procesos de extracción de fuentes de materiales a grandes distancias.

Se revitalizará la empresa SATENA, que cuenta con la experiencia y la capacidad de ampliar sus servicios de manera competitiva a los diferentes destinos nacionales con flotas de mayor capacidad, que puedan interconectar las diferentes zonas del país.

Las ciudades en la economía productiva

El gobierno nacional acompañará los programas de los gobiernos de las ciudades dirigidos a apoyar las actividades productivas urbanas, la pequeña y mediana empresa, las actividades industriales estratégicas y los servicios que incorporen innovación.

El ordenamiento territorial debe superar la falsa dicotomía rural-urbano, de manera que la sostenibilidad de las dinámicas urbanas será evaluada y planeada teniendo en cuenta el territorio en el que se ubican a distintas escalas.

Se evaluarán los instrumentos de integración regional y se ajustarán para facilitar la conformación de categorías y acuerdos de organización regionales. Mientras se avanza hacia la formalización de estos figuras, se establecerán mecanismos regionales de toma de decisiones de aspectos cruciales en los planes de ordenamiento sujeta a la aprobación consensuada de los gobiernos municipales involucrados, particularmente en gestión del agua, gestión del riesgo, manejo de residuos, suburbanización y expansión urbana, a partir de información y diagnósticos integrados que serán proporcionados por las gobernaciones. Este mecanismo se asumirá como un primer paso para crear escenarios de consenso y de construcción de confianza en la gestión regional.

Al igual que en el campo, se mejorará la progresividad tributaria y el estímulo al incremento de los ingresos fiscales de las ciudades y, particularmente, del impuesto predial. Se formulará una política urbana nacional dirigida a combatir la segregación socioespacial y a adoptar programas de inclusión.

Se aplicarán a fondo los mecanismos constitucionales y legales disponibles para intervenir en el mercado de la tierra urbana y para mejorar las fuentes de financiación urbana con base en la movilización de plusvalías, inclusive removiendo los obstáculos legales que han impedido que presenten un mejor desempeño. Los gobiernos urbanos deben mejorar su base fiscal, con base en este tipo de instrumentos de financiación, obligaciones urbanísticas y sistemas de distribución equitativa de cargas y beneficios, para financiar el mejoramiento de sus infraestructuras, sobre todo las de movilidad, y para que los recursos nacionales puedan dirigirse prioritariamente a la reconversión productiva, a los programas sociales para superar desigualdades estructurales y a cerrar las brechas urbano-rurales.

La segregación socioeconómica en el espacio se presenta en las ciudades y en todas las regiones del país. Es necesario mejorar las condiciones de convergencia, en términos de calidad de vida, entre los centros urbanos más dinámicos y aquellos donde se concentra la pobreza. Soacha se aleja de Bogotá, Soledad de Barranquilla, a pesar de compartir el mismo territorio y tener fuertes interacciones de movilidad residencial, mercados inmobiliarios y de trabajo. Los mecanismos de integración regional deben tener como ejes articuladores lo ambiental, la movilidad y, desde el punto de vista social la reducción de las brechas sociales.

Se concertarán con los gobiernos municipales políticas para controlar el crecimiento urbano expansivo, y para mejorar la oferta de suelo bien localizado para la construcción de vivienda para las familias de bajos recursos y de ingresos medios. Adoptaremos, de la mano de los gobiernos municipales urbanos y de las organizaciones sociales, instrumentos para proteger la permanencia de las familias de medianos y bajos ingresos en las zonas centrales y para promover programas de revitalización urbana incluyentes, respetuosos de las actividades económicas y populares tradicionales y con oferta de vivienda de interés prioritario y social y en alquiler.

Se afianzará la política de subsidios a la oferta, a través de proyectos con las entidades territoriales, con los empresarios privados y con organizaciones populares de vivienda. Los programas nacionales buscarán diversificar los agentes del sector de la construcción, dando apoyo prioritario a empresas medianas y pequeñas, que desarrollen proyectos de mediana y pequeña escala, que favorezcan la mezcla social y la inserción de la vivienda de interés social y prioritaria dentro de los tejidos urbanos.

Los instrumentos de uso de bienes fiscales, mayor tributación a los lotes de engorde y declaratoria de desarrollo, construcción y uso prioritario y reajustes de terrenos serán fortalecidos y la asignación de recursos nacionales para vivienda estará condicionado al uso de esos instrumentos. Los porcentajes de suelo destinados a vivienda de interés prioritario y social se establecerán de acuerdo con el crecimiento de los hogares y sus condiciones socioeconómicas en cada centro urbano.

En las ciudades intermedias y pequeñas se promoverán programas de autogestión con desarrollo progresivo.

También pondremos en marcha un programa concertado con los gobiernos municipales y las organizaciones sociales para la legalización, el mejoramiento integral de barrios y viviendas, la adaptación al riesgo y el reconocimiento legal de las edificaciones, para reconocer el esfuerzo que han hecho las familias en autogestionar la vivienda y para mejorar sus condiciones de calidad de vida y seguridad. Se creará un fondo nacional para la financiación de programas de mejoramiento integral de barrios, para sumar a los recursos municipales, con el requisito de que incluya vivienda nueva y potencie las inversiones en mejoramiento.

Además de los instrumentos tributarios con base en el suelo, se asume el propósito de que los gobiernos de las ciudades adopten tributos como los cargos por congestión y distintos tipos de tasas de impacto, para mejorar la capacidad fiscal y para introducir progresiva y sostenidamente el modo férreo y el transporte eléctrico. Esto último es condición esencial de la estrategia para enfrentar el cambio climático y mejorar las condiciones de salud por contaminación, que empiezan a ser críticas en Bogotá y Medellín y cuyas soluciones no dan espera. Promoveremos el uso de la bicicleta, facilitaremos el desplazamiento a pie en cortas distancias y reduciremos impuestos a los vehículos eléctricos y de tecnologías limpias.

Garantizaremos el suministro de agua potable en todo el territorio nacional y se establecerá el mínimo vital de agua en todo el país. En zonas rurales, veredas, municipios pequeños e islas se impulsarán los acueductos comunitarios articulando saberes tradicionales con asistencia científica y tecnológica. Mejoraremos en calidad y cobertura los sistemas de alcantarillado e impulsaremos alternativas tecnológicas para reducir los impactos a la naturaleza. Mejoraremos calidad y reduciremos costos de los servicios públicos domiciliarios.

En nuestro gobierno se irán cerrando los rellenos sanitarios a cielo abierto para ser remplazados por tecnologías alternativas. Se promoverá el consumo responsable bajo enfoque de “Basura Cero”, para reducir la cantidad de basura. Se impulsará el desarrollo y el uso sistemático de materiales biodegradables que permitan eliminar los plásticos en empaque, embalaje y almacenamiento. Se pondrá en marcha un programa nacional de inclusión de la población recicladora al servicio de aseo, en la línea de las sentencias de la Corte Constitucional. Se modificará el régimen de los servicios de agua potable y saneamiento básico para permitir la conformación y prestación de los servicios de empresas públicas y comunitarias.

Fortaleceremos un ordenamiento territorial democrático, participativo y equitativo entre las regiones y entre los distintos actores de cada región y municipio, que tendrá tres factores de articulación: la dimensión ambiental y, particularmente, del agua, los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades afros y raizales y el equilibro de interacciones entre ruralidad, producción agraria y urbanización.

Adoptaremos, de la mano de los gobiernos municipales urbanos y de las organizaciones sociales, instrumentos para proteger la permanencia de las familias de medianos y bajos ingresos en las zonas centrales y para promover programas de revitalización urbana incluyentes, respetuosos de las actividades económicas y populares tradicionales y con oferta de vivienda de interés prioritario y social y en alquiler.

La política urbana nacional incorporará el paradigma de la reutilización de la ciudad construida y, por tanto, la apuesta de los centros históricos será la rehabilitación y reciclaje de tejidos, estructuras y actividades existentes. Se promoverán programas de mejoramiento de edificaciones patrimoniales con oferta de vivienda de interés social o con programas de vivienda para clases medias y proyectos de revitalización con protección de los propietarios originales y con oferta de vivienda de interés social y prioritario.

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