Petro presidente

Colombia Humana

Detalles del Programa de Gobierno para una Era de Paz

4. JUSTICIA AUTÓNOMA
Y LIBRE DE PRESIONES POLÍTICAS

Adoptaremos medidas para que la ciudadanía acceda expeditamente al sistema judicial. Garantizaremos a la población el acceso a los mecanismos de protección de los derechos fundamentales consagrados por la Constitución Política. Haremos un mayor énfasis en la ética aplicada al ejercicio del derecho, tanto en la formación académica como en el control del desempeño profesional: lo legal debe identificarse con lo ético.

Haremos más transparente y efectivo el sistema judicial, garantizando seguridad jurídica. Trabajaremos para reducir tiempos y respetar términos en los procesos judiciales, garantizando la independencia del sistema acusatorio y el acceso a la protección jurídica de oficio.

Descongestionaremos y democratizaremos el acceso a la justicia mediante herramientas tecnológicas y la simplificación de trámites y gestiones. Fortaleceremos los mecanismos alternativos para solución de conflictos.

En nuestro gobierno, aunaremos esfuerzos en dotar al sistema judicial de independencia y autonomía suficientes para cumplir sus fines libre de presiones indebidas y de corrupción.

La justicia necesita de una reforma estructural que le permita cumplir con sus objetivos de manera eficaz, con autonomía administrativa y presupuestal, alejada de intereses de grupos, y de injerencias políticas. Aunado a lo anterior, trabajaremos por:

Despolitización y meritocracia: los miembros de las altas cortes serán elegidos en función de sus méritos, su experiencia, su ética y transparencia en su hoja de vida, con independencia de los poderes ejecutivo y legislativo y libremente de las injerencias de terceros o intereses particulares.

Reformulación del Consejo Superior de la Judicatura: será reemplazado por un organismo gerencial que administre la logística de la justicia mediante un sistema de gestión administrativa eficiente.

Profundización de la oralidad en los procesos judiciales: se busca continuar con la agilización de los procedimientos. Se reformularán los códigos de procedimiento con el fin de encontrar salidas eficientes y oportunas a los conflictos que se someten a la justicia.

Investigación y sanciones a aforados: las conductas y responsabilidades de magistrados, procurador general de la nación, contralor general de la república y fiscal general de la nación serán investigadas y juzgadas por un órgano que actúe rápida, rigurosa e imparcialmente. Magistratura y judicatura dejarán de ser plataformas electorales y de beneficios económicos

Mejoramiento del Sistema carcelario y penitenciario: las cárceles continúan siendo un grave problema para el Estado y la sociedad colombiana en general. Aquí convergen la impunidad, la morosidad, la congestión y la selectividad de la Justicia. Se busca solucionar esta problemática y transformar las cárceles en verdaderos espacios de rehabilitación.

Garantías para la movilización y la protesta social

Una sociedad que permite la protesta es una sociedad que respeta la diversidad y el carácter pluralista de la ciudadanía. Nuestro gobierno garantizará el ejercicio del derecho a la protesta, al igual que derechos asociados, tales como los derechos a la asociación, a la reunión y a la libertad de expresión.

Entendemos la protesta, la que no afecte los derechos de los demás, como un acto democrático, como una expresión ciudadana, como un mecanismo de control al ejercicio gubernamental y no como un delito. Por lo tanto, será el diálogo respetuoso, y no la represión, la base de nuestra respuesta institucional.

Justicia y Seguridad para vivir sin miedo y con libertad

Nos comprometemos con la consolidación de una paz que trascienda a muchas generaciones en el futuro, con la convivencia y con la seguridad en todo el territorio nacional. Trabajaremos para que el pueblo colombiano goce de Seguridad Humana, es decir que la gente disfrute de las libertades individuales y colectivas y a la vez reduzca los miedos e incertidumbres que la desigualdad social impone.

Protegeremos la integridad y la vida de las personas bajo un modelo que articule prevención, intervención social y acción oportuna y eficaz de la fuerza pública bajo un enfoque de derechos. Promoveremos acciones integrales contra las diversas causas que degradan las condiciones de vida e influyen en la comisión de actos delictivos.

Se perseguirá y sancionará la delincuencia bajo una lógica que combine la disuasión, la lucha frontal contra delitos y crímenes, así como la sanción judicial proporcionada, pronta y efectiva.

Se instituirá una política antinarcóticos integral. Las víctimas de adicción al consumo de sustancias psicoactivas serán tratadas bajo un enfoque de salud pública, no como delincuentes.

Paz con Justicia

En nuestro gobierno terminarán la mentira y la impunidad frente a la violencia de más de cincuenta años. Las víctimas y la sociedad colombiana conocerán la verdad y tendrán la garantía de que se aplicará justicia efectiva y pronta contra los victimarios.

Las tierras arrebatadas por la violencia, las mafias y la politiquería a las víctimas les serán devueltas sin demora, acompañadas de capital de trabajo, tecnología y acceso a mercados justos para asegurar la productividad y la generación de ingresos. Todos los programas incluyendo salud, educación y vivienda serán integrales y tendrán en cuenta las necesidades especiales de las víctimas para el restablecimiento pleno de sus derechos.

Militares y policías para una era de paz

La terminación del conflicto armado conduce a un ajuste de los roles, las misiones y la doctrina del sistema de seguridad nacional. Se fortalecerán la cohesión y la solidez institucional de estos cuerpos. Se realizarán los arreglos institucionales para que el servicio militar deje de ser obligatorio y para que todos los miembros de la fuerza pública accedan a la universidad. Menos combatientes y más estudiantes.

El planeamiento y la dirección estratégica de las fuerzas militares se orientarán a defender la soberanía, la independencia y la integridad territoriales, protegiendo a la población civil, en el marco del Estado Social de Derecho.

Fortaleceremos las capacidades técnicas, tecnológicas, estratégicas, tácticas, logísticas y operativas de la fuerza pública con el fin de garantizar su eficacia, intensificando a su vez la formación en asuntos civiles y respeto a los derechos humanos, fortaleciendo los lazos con la sociedad civil en general. Se desarrollarán esquemas de intervención con base en el contexto particular de cada región.

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